Conecta Semidesierto

Por Isaac Mejía. 17 de septiembre de 2024

La noche del 26 de septiembre de 2014, policías municipales de Iguala, Guerrero, e integrantes de una célula de narcotráfico local (Guerreros Unidos) arremetieron brutalmente en contra de los autobuses que transportaban a un grupo de 80 estudiantes pertenecientes a la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, quienes se dirigían a la marcha conmemorativa del 2 de octubre de 1968. El saldo fue de 5 normalistas muertos en el acto, 20 resultaron heridos y 43 jóvenes que, después de centenares de marchas y decenas de investigaciones, siguen desaparecidos.

En ese contexto, han pasado 10 años desde la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa, y el gobierno ha sido omiso en actuar y esclarecer los hechos ocurridos aquella noche. Ha utilizado a diversos servidores públicos para obstruir la investigación. En 2014, el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto creó su “verdad histórica”, afirmando que los normalistas fueron quemados por narcotraficantes en un basurero, esperando así que la investigación se concluyera y no se registrara como un crimen de Estado.

Esta deducción emitida por el gobierno priista fue rotundamente rechazada por la comunidad científica y desmentida por estudios posteriores del Equipo Argentino de Antropología Forense, que demostraron que era totalmente imposible que en un basurero hubiese ocurrido un incendio de tales dimensiones. Fue hasta mediados de 2018 que un juez federal giró instrucciones para la creación de una “Comisión de la Verdad sobre el Caso Ayotzinapa”, concluyendo que la investigación por parte del Estado mexicano no fue efectiva, independiente ni imparcial.

El caso Ayotzinapa, además de ser un hecho de violación de derechos humanos, nos hace ver la grave situación en la que vivimos en materia de educación, pobreza y desigualdad. Las escuelas normales rurales, como la de Ayotzinapa, han sufrido el abandono total por parte del Estado, así como un déficit financiero, con la intención de desmantelar estas escuelas que han sido tradicionalmente lugares de enseñanza y de pensamiento crítico de izquierda, tal y como sucedió hace más de 50 años.

La verdad es que el dolor que causa la represión contra estudiantes no es ajeno solo a las víctimas u ofendidos. Esto crea en todo el país un sentimiento de indefensión y miedo, así como una herida que no sana. Se tiene que conocer la verdad y saber el paradero de aquellos estudiantes. La justicia dependerá de que sigamos alzando la voz, del trabajo arduo de las organizaciones que acompañan a madres, padres y familiares de las víctimas, pero, sobre todo, de la solidaridad de un país.